SPT rechaza negociar acuerdos con la Junta de Control Fiscal

(24 de junio de 2019) El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), anunció su rechazo a negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF), en el marco del caso de quiebra bajo el título III de la Ley Promesa que se sigue en la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain.



“En primer lugar, un acuerdo con la Junta de Control Fiscal conlleva el compromiso de apoyar frente a nuestros miembros, frente al público y en los tribunales, cualquier Plan de Ajuste que pueda someter la JCF para la aprobación de la jueza federal”, afirmó Roberto Pagán, presidente del SPT.

Recientemente la JCF aprobó un acuerdo con los bonistas de la AEE que aumentaría las tarifas de electricidad por los próximos 48 años. La JCF también apoya recortes del 8.5% a las pensiones y avaló un acuerdo con los bonistas de COFINA que conlleva el pago de Impuesto al consumo (IVU) de por lo menos 11.5% por los próximos 40 años.

Según el líder sindical, estos acuerdos también incluyen el recorte de más del 50% de los ahorros generados por los intereses del Retiro 2000, ya que su oferta es pagar solo la cantidad que depositaron de sus bolsillos en esas cuentas de ahorro los trabajadores y trabajadoras, y renunciar a los intereses que debieron acumular a lo largo de hasta 18 años. Junto al de los Bonos de Obligación General, los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora favorecen a los bonistas a costa de imponer una carga onerosa al pueblo y al presupuesto del País, provocando una insuficiencia de fondos mayor de la que tienen importantes agencias como la de Salud, Educación, la UPR y otras agencias de servicios esenciales.

“Los servicios seguirán deteriorándose y miles de empleados públicos serán despedidos para pagar una deuda que ni siquiera ha sido auditada”, advirtió Pagán.

El pasado martes 18 de junio la Asamblea de Líderes de base del SPT ratificó la recomendación de su Directiva Nacional de rechazar los acuerdos con la JCF y orientar a su matrícula y a las familias trabajadoras sobre el impacto negativo de los mismos.

“Nuestra preocupación se basa en que se le está imponiendo al pueblo puertorriqueño una carga insostenible, que incluirá un aumento en los impuestos y el aumento en la facturación de servicios públicos como agua y energía eléctrica durante varias generaciones. Además, nuestros pensionados, que ya han recibido el impacto de recortes en sus exiguos ingresos, no soportarán un recorte adicional del 8.5% como el que se propone”, aseguró Pagán.

“Insistimos en que la Junta debe buscar recortes en la deuda restante que estén más alineados con la realidad económica que enfrenta nuestro País, por lo que nos mantenemos vigilantes y continuaremos abogando por nuestros miembros y por el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

El SPT representa a sobre 10 mil trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado.

*** Lo expuesto es la posición del SPT Local 1996 y no de cualquier otro comité al que SEIU pueda pertenecer en los procedimientos del Título III de Promesa